Gratuidad, concertación y una nueva Ley de Universidades marcan la Educación madrileña en 2019

Septiembre llegaba con la mochila puesta para los niños y niñas de la Comunidad de Madrid. El calendario escolar arrancaba su primera página el viernes 6 de septiembre con un gasto medio de casi 1.100 euros por alumno de educación pública, posicionando a Madrid como la región que más gastos afronta de media al comienzo del curso, según un análisis publicado por la web Kelisto.es. Sin embargo, el curso 2019/2020 ha contado con ayudas y becas para afrontar todos estos gastos.

Por un lado, 1.500 alumnos de primer curso de Bachillerato procedentes de familias con dificultades socioeconómicas han contado con una beca para continuar con sus estudios en los centros privados que elijan. Se trata del nuevo ‘Cheque-Bachillerato’ para el que el gobierno madrileño ha destinado este curso 4,5 millones de euros.

Por otro lado, este curso se iniciaba con la gratuidad de la enseñanza en los centros públicos del primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años, una medida que implica que las familias con menores de esa edad solo se han visto obligadas a pagar lo respectivo al comedor escolar. Pero además, desde el pasado mes de septiembre las familias madrileñas también cuentan con los conocidos como ‘cheques-guardería’ para los centros de titularidad privada.

Educación concertada

Y es que una de las apuestas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es el refuerzo y la defensa de la «libertad de los padres a elegir la educación que quieran para sus hijos», algo que el Ejecutivo de Ángel Garrido ya había iniciado al final de su legislatura anunciando en febrero hasta 3.000 nuevas plazas de Bachillerato en los colegios concertados para el presente curso.

Así, la por entonces aún candidata del Partido Popular para las elecciones autonómicas del 26-M anunciaba garantizar la libertad de los padres a elegir la formación de sus hijos protegiendo los colegios concertados. Una vez conformado el nuevo Ejecutivo junto a Ciudadanos, este punto se incluía dentro del acuerdo de gobernabilidad de 155 puntos que ambos grupos políticos firmaban.

Sin embargo, la persona encargada para la dirección general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al estudio en la Comunidad de Madrid, Concepción Canoyra, dimitía pocas semanas después de asumir el cargo, el 28 de agosto, a causa de las acusaciones de plagio en parte de su tesis doctoral publicadas el diario ABC. Canoyra explica en el escrito que «no quiere que las noticias derivadas de su tesis doctoral, por muy injustas que sean, tengan ninguna incidencia» sobre el «gran proyecto» del Ejecutivo autonómico.

Intérpretes de lengua de signos

Casi por las mismas fechas, a pocos días de que comenzara el curso escolar 2019/2020Madridiario se hacía eco de la denuncia sobre la situación de los intérpretes de lengua de signos de los centros de Primaria y Secundaria de la Comunidad. Y es que el nuevo inicio de las clases no se auguraba muy ‘ilusionante’ para el colectivo de alumnos sordos o con dificultades auditivas madrileños, ya que estos no iban a contar con intérpretes de lengua de signos porque la licitación de los servicios, externalizados por la Consejería de Educación, permanecía sin adjudicatario a tan solo dos días del comienzo de las clases.

El concurso público quedaba desierto a pesar de que a este se presentó nuevamente la empresa gestora de los servicios hasta el momento: la Coordinadora de intérpretes y guías-intérpretes de Lengua de Signos Española de la Comunidad Autónoma de Madrid (CILSEM). Sin mebargo, el curso comenzaba así sin intérpretes de lengua de signostal y como lo confirmaba el vicepresidente regional, Ignacio Aguado y desde Comisiones Obreras (CCOO) denunciaban que CISLEM no había podido demostrar su solvencia económica, por lo que había sido rechazada como adjudicataria.

Poco días después, se convocó «con carácter de urgencia» un nuevo concurso público para solucionar la situación y apenas una semana después se anunciaba desde la Consejería de Educación y Juventud haber llegado a un acuerdo con la empresa de servicios EULEN para restituir la disposición de intérpretes de lengua de signos en los centros educativos públicos madrileños. Se solucionó así parcialmente el problema del colectivo de intérpretesel cual pasados los meses aseguró a Madridiario haber mejorado su situación comparativamente a cursos anteriores.

Universidades

Y aunque no implicó directamente al Gobierno de la Comunidad de Madridel comienzo del curso universitario volvió a poner sobre la mesa las polémicas novatadas después de que se difundiera un video en el que se mostraban un concurso de bofetones en el colegio mayor Diego de Covarrubias, perteneciente a la Complutense. En el vídeo se ve como una joven recibe una fuerte bofetada por parte de un compañero, lo que conllevó la expulsión de ambos del centro durante dos semanas. El Ayuntamiento de Madrid, la Policía Municipal y la Universidad Complutense de Madrid presentaron esa misma semana, la segunda de septiembre, la campaña ‘Di no a las novatadas’.

En el mismo campo académico, la presidenta anunciaba en el mes de noviembre la puesta en marcha por parte de la Consejería de Universidad, Ciencia e Innovación, encabezada por Eduardo Sicilia, de la nueva Ley de la Sociedad del Aprendizaje. Se trata de una nueva norma regional con la que se pretende crear una interacción más activa de las empresas con las universidades y los centros de investigaciónSegún explicaba el consejero, esta nueva medida permitirá que “los científicos e investigadores puedan hacer un enfoque más eficiente de su trabajo, facilitará los procesos de innovación y mejorará el acceso de la ciencia a la financiación”, con el convencimiento de que una mayor participación de la empresa “es el único camino para alcanzar la meta del 2% del PIB en inversión en I+D”.

Precisamente, este fue uno de los temas más debatidos durante la celebración de la IV Jornada de Educación de Madridiario, presentadas por el presidente de los grupos Madridiario y Diariocrítico, Constantino Mediavilla. Bajo el título ‘Las nuevas políticas educativas que el ámbito universitario necesita en la región’, varios portavoces políticos regionales destacaban su intención de acordar una nueva Ley de Universidades para la Comunidad, aunque existían entre ellos varias discrepancias en lo referente a cómo hacerlo.

Interinidad

Pasados tan solo dos meses desde el inicio del curso, en noviembre, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denunciaba la falta de profesores interinos en la Comunidad de Madrid en más de cuarenta especialidades de Secundaria, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música, Artes escénicas, Artes plásticas y Diseño, así como indicaba que las listas voluntarias de otras muchas especialidades también se han agotado.

Algunas especialidades de Secundaria, como Matemáticas, Tecnología o Francés, tienen las listas agotadas”, indicaba a este medio la directora del IES Juan de Mairena -en Alcobendas- y de la Junta de Portavoces de Asociación de Directores de Instituto de Madrid (ADIMAD), Marian Sanse. Esta, asimismo, indicaba que sucedía lo mismo en la Formación Profesional (FP), sobre todo asignaturas con temarios “de carácter técnico” donde “el problema es mayor por ser perfiles de profesor muy específicos”, explicaba.

El ente sindical aseguraba haber dado cuenta a la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid de lo acaecido, pero como indicaba a este medio la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, “no son conscientes del problema y además hay una falta de sensibilidad por su parte al respecto”, declaraciones que eran negadas por la Consejería.

Informe PISA

Por desgracia, el año 2019 se cerraba en el terreno de la educación con una noticia poco alentadora y muy comentada: los resultados relativos a la Comunidad de Madrid del informe PISA, elaborado cada tres años por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para medir las competencias educativas de jóvenes de 15 años en países de todo el mundo.

En un primer momento, se anunció que la publicación de los resultados de lectura se aplazaba tras detectar «anomalías» en algunas de las pruebas realizadas el año pasado por cerca de 40.000 alumnos en las diferentes comunidades autónomas. Ante esta situación, la Comunidad de Madrid reclamó que no se publicaran los resultados españoles al considerar que el resto de notas -matemáticas y ciencia- estarían «contaminadas».

Sin embargo, estos fueron emitidos y mostraron unos datos que Ossorio calificó como «increíbles» y «absurdos». La OCDE indicaba que la Comunidad de Madrid perdía 29 puntos en ciencias y 17 en matemáticas respecto a 2015, las dos mayores caídas registradas en el conjunto de las comunidades autónomas en ambas competencias. «Nunca en la historia de PISA en España había pasado que una comunidad había bajado 29 puntos en ciencias y 17 en matemáticas, no ha sucedido nunca», señalaba Ossorio.

 

Autora: Teresa Aísa Gasca                      : www.madriadiario.es

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