La mediación y el control de los móviles, nuevas aristas del acoso

 

El acoso a menores en los centros educativos tiene muchas dimensiones de abordaje. Concepción Rodríguez González del Real, magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Madrid, ha sido la encargada de mostrar la perspectiva jurídica en la segunda edición de la Jornada Madridiario sobre Educación, celebrada este lunes en el salón de actos de la Escuela de postgrado de la Universidad Camilo José Cela (UCJC).

La magistrada ha hecho un repaso por la normativa vigente que puede intervenir en situaciones de acoso y ha explicado que existen mecanismos alternativos de resolución de conflictos como la mediación. “Tienen un fuerte contenido educativo y permiten solventarlos sin acudir a la vía penal”, ha señalado, a diferencia de lo que ocurre con los casos entre adultos.

Así, ha explicado iniciativas como la conciliación –en las que el agresor pide disculpas- o la reparación –en la que además se le impone una actividad de resarcimiento a la víctima- como herramientas específicas.

Multas y medidas de alejamiento

Rodríguez ha insistido en la mesa redonda ‘Soluciones y mediación’ en que “en ningún caso” quien tiene que abandonar el centro escolar es el menor acosado, sino el agresor. “Se le pondrá en disposición uno análogo próximo a su domicilio siempre que cumpla las medidas de no acercamiento”, ha afirmado antes de recordar que las escuelas no pueden oponerse a su ingreso.

La magistrada también ha apuntado que, entre lo previsto en la legislación, hay una responsabilidad civil solidaria de los padres y centros escolares para este tipo de casos, que puede llegar a comportar sanciones económicas muy importantes. “Yo he llegado a imponer alguna de 300.000 euros“, ha desvelado.

La problemática de los móviles

El debate también ha abordado el uso de las nuevas tecnologías por parte de los menores. González ha defendido el control sobre los dispositivos. “No tienen capacidad para comprarse un móvil y mantener a la compañía, así que podemos llegar a un pacto con ellos para que todos los dispositivos de la casa no sean secretos: los padres estamos obligados a tener un control y supervisión sobre nuestros hijos”, ha afirmado.

La magistrada ha relatado el caso de una madre que descubrió, al leer los mensajes que recibía su hija de 14 años en su teléfono, que se estaba prostituyendo. “Vivimos en una sociedad muy compleja. Cuando yo era niña, había un control social externo que hacía que mi madre supiese si yo, por ejemplo, no iba al colegio”, ha contrapuesto. “Con 15 años, no se puede ser dueño y señor de un móvil: los dispositivos tienen que ser comunes”, ha zanjado.

Autor: Madridiario                                                        Web: www.madridiario.es

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