Los editores de libros y la falta de pacto educativo

La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), concluye que la situación política española y la imposibilidad para alcanzar un pacto educativo que permita dar estabilidad y coordinación al sistema está acrecentando la brecha y la desigualdad entre alumnos de las diferentes comunidades autónomas.

En un Informe elaborado por el Catedrático Emérito de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y Decano de los Fellows de la European Business Academy, Juan José Durán Herrera, y patrocinado por CEDRO llamado ‘El entorno económico e Institucional del sector del libro de texto’, analiza cómo las políticas de las Administraciones Públicas están teniendo una incidencia importante en la actividad del sector de la edición educativa, en particular, y en el sector del libro en general, poniéndola en riesgo.

En este sentido, considera que las respuestas que están dando las Comunidades Autónomas a cuestiones como las ayudas para la financiación de los libros de texto no contribuyen a garantizar certidumbre al sector empresarial dedicado a la edición de libros y contenidos educativos. Juan José Durán analiza los diferentes modelos de financiación de las Ayudas a los libros de texto en las Comunidades Autónomas y cómo estos han variado a lo largo de los últimos años en función de los vaivenes políticos.

“La financiación -y las normas que la regulan- de las ayudas a las familias por las Comunidades Autónomas han venido evolucionando a lo largo de estos años habiéndose propiciado cambios notables, incluso con periodicidad de un solo curso académico. Este contexto genera incertidumbre, problemas de gestión y de planificación empresarial”.

 

Libros de texto

 

Y apunta que “poder realizar una buena estimación de la demanda temporal de libros de texto mejoraría la utilización eficiente de una financiación limitada y aumentaría las probabilidades de que las escuelan recibieran los libros que necesitan”. El Catedrático sugiere que “sería muy conveniente disponer de un calendario y periodo de vigencia común (en todas las Comunidades Autónomas) para la renovación de los materiales escolares, creando un ámbito favorable al desarrollo pedagógico de la calidad de la educación.

Esta circunstancia facilitaría no sólo la planificación sino también, y de manera especial, la obtención de economías de escala y el ahorro de costes administrativos”. Para la mejora de esta gestión administrativa, el informe considera que las Administraciones autonómicas deberían garantizar que “las ayudas llegan a quien verdaderamente las necesita. El sistema de financiación como primer presupuesto debería incorporar criterios redistributivos, para lo que habría que tener en cuenta el nivel de renta de las familias”.

Web: www.madridiario.es

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